En el año 2010, se aprobó la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Entró en vigor en el 30 de abril de 2010. Su objetivo, proteger la integridad del sistema financiero a través de la prevención de estas prácticas ilegales.
A los bancos se les pidió contribuir con la causa y se les solicitó recoger los datos de todos los clientes para controlar las actividades y prevenir cualquier malversación.
Tras más de cuatro años de la implantación de esta ley, muchas de las entidades no tienen los datos de sus usuarios, siendo el 28 de abril de 2015 el plazo máximo para recoger toda la información de la clientela.
Es por este motivo que han empezado a enviar cartas y correos electrónicos para apresurar a los clientes a que faciliten sus datos.
¿Qué requiere la Ley?
Esta ley obliga a las entidades bancarias realizar medidas como la digitalización del DNI e identificar el cliente con las actividades que realiza. Además, si se trata de sociedades, también se exigen las escrituras de la compañía y su estructura accionarial.
En general los documentos que se piden para actualizar los datos del cliente son un documento identificador, como DNI, NIE o pasaporte, y la Declaración de Actividad Económica (DAE), que acredita la actividad económica o profesional.
Asimismo, según el tipo de cliente o actividad, se deberá entregar algunos de estos papeles: Un recibo de nómina actual, un certificado de relación laboral emitido por el empleador, un certificado de haberes, una pensión o subsidio, la declaración de IRPF del último ejercicio contrato laboral vigente, una declaración del Censo de Obligados Tributarios, el alta de actividad en Hacienda, la última declaración trimestral o anual del IVA o de retenciones de IRPF, el último recibo del colegio profesional y el recibo de la Seguridad Social en el régimen de autónomos.
La gran mayoría de las entidades advierten de que si la información no se suministra se bloqueará la cuenta del cliente conforme a la legislación.
Qué datos piden los bancos a los clientes como consecuencia a la ley de blanqueo
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